Durante la última dictadura cívico-militar, los propietarios y directivos de los tres diarios de
entonces mayor tirada de la Argentina se apropiaron -en complicidad con el Estado
terrorista- de la empresa que les permitió monopolizar la producción del papel para
periódicos.
La maniobra para consumar el delito no fue improvisada. Fue el resultado de la alianza
estratégica pergeñada por los usurpadores del Estado y los representantes de los grupos
económico-mediáticos más poderoso del país. Los grupos económicos concentrados
necesitaban de los militares usurpadores para exterminar la disidencia política y social
que se opusiera a sus planes neoliberales. Es que los tiranos que conculcaron los
derechos cívicos exigían no sólo una prensa –ya silenciada por la censura- sino medios
cómplices de su política genocida y de sus delitos. A gusto fue comprendido por Clarín, La
Nación y La Razón y, como trueque de su comportamiento con el poder recibieron el
monopolio del papel para periódicos, y eso sí constituye un ataque contra la libertad de
expresión.
Entre el fin del 76 y primer semestre del 77, el Grupo Graiver fue despojado ilegalmente
de Papel Prensa S.A. en una operación que –además de sus motivaciones políticas y
económicas– desnudó el antisemitismo de los militares que respondían a la embajada
yanqui. El robo se consumó con el uso de presiones, amenazas, secuestros,
desapariciones, torturas y asesinatos. Paralelamente -sin que los beneficiados puedan
sacar patente de ingenuidad, ni negar su simpatía por la filosofía del terrorismo de
Estado– los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con el solo fin
de hacerse de las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver
fueron obligados a abandonarlas de forma violenta.
El precio que le fijaron a la “transferencia”, no voluntaria, fue de 996.000 dólares. Los
fundadores -David Graiver y otros- habían invertido hasta octubre de 1976 15 millones de
dólares, importe que al momento de arrebatárselo a los familiares sucesores se había
incrementado por el valor bursátil de la empresa.
Al leer el contrato se infiere que la palabra precisa es despojo, por lo tanto nunca cedido
voluntariamente. Sólo hay 7.000 dólares de seña, con los que adquieren el título de
“comprador” del bien que ellos mismos valúa en 996.000 dólares. Los 7.000 U$A
mencionados tienen “el carácter de principio de ejecución del contrato, formando parte del
precio y declarando expresamente ambas partes que la operación es firme e irreversible”.
Dos figuraciones básicas que hacen que ni el “vendedor” ni el “comprador” puedan
arrepentirse de la vil operación y que el “contrato”, sólo con esos 7.000 U$A, es viable; es
decir, el bien que “se vende” pasa a manos del “comprador”.
La respuesta a la falsa condición suspensiva está en la cláusula sexta del “boleto de
venta” que le hicieron firmar –violentamente- a la familia Graiver: “Este contrato es
transferible... sin necesidad de consentimiento ni conformidad alguna del vendedor”. Con
alevosía, los apropiadores obligaron a los “vendedores”: “a asistir a la Asamblea a
convocarse a los efectos del artículo 9º del Estatuto de Papel Prensa S.A. y votar
favorablemente con todos sus votos para aprobar la presente operación e igualmente a
realizar los actos y gestiones y otorgar cuantos instrumentos fueren necesarios a los
efectos del presente contrato”. Sólo faltó la firma de Enrique VIII “concediéndose” el
divorcio cada vez que quería contraer nupcias de vuelta, en los que no ahorró asesinar a
la mujer anterior.
El 14 de marzo de 1977, un grupo de tareas secuestró a Lidia Papaleo de Graiver.
También fueron secuestradas Silvia Fanjul –de lo cual soy testigo de segunda mano, pues
conozco a una pariente, que no quiso trascender- y Lidia Gesualdi. Tres días después
fueron secuestrados Juan Graiver –padre de David–, su mujer, Eva Gitnacht de Graiver;
Isidoro Graiver –hermano menor de Dudi–, y el apoderado de la familia en la sucesión,
Jorge Rubinstein.
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