debate. El jefe de Gabinete anticipó que los afiliados tendrán la libertad -inhibida hasta
allí- para dejar la AFJP y pasarse al régimen de reparto (público).
El Gobierno Nacional admitió que analizó en el sistema previsional posibilitar a los
afiliados a AFJP de pasarse al sistema público. “Si estamos en un sistema de libertades
en el mercado, también la gente tiene que tener la libertad de movimiento”, dijo Alberto
Fernández, jefe de Gabinete. Y, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, criticó
negativamente a las administradoras de fondos de jubilación: “quienes están en el
régimen de reparto van a tener una jubilación justa y quienes estén afiliados a una AFJP
van a tener que ejercer sus derechos frente a aquellos que se comprometieron a manejar
responsablemente sus ahorros”.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quería ser recibido por el presidente de la Nación,
para tratar el futuro del régimen previsional. Alfredo Conte Grand, secretario de Seguridad
Social, ingenió un proyecto de unificación entre el sistema de capitalización y el de reparto
para lograr un “sistema mixto”. Esta última propuesta fue desechada.
Los cercanos a Kirchner afirman que éste es un debate que recién empieza. Resta una
larga discusión acerca de cuál será el sistema más conveniente, pero dicen que “cuando
el tema llegue al Congreso, será a través de un proyecto que no constituirá una reforma
menor sino que irá a fondo”.
Alberto Fernández redujo las expectativas sobre una inmediata reforma previsional. El
gobierno adoptará una actitud “prudente” antes de introducir reformas al sistema, y
subrayó que el sistema de reparto presenta “ventajas y desventajas” que es preciso
evaluar. Pero consideró que “debiera establecerse algún sistema que dé libertad” a los
cautivos de las AFJP, los que no podían volver al sistema de reparto. Lavagna insistió en
mantener un discurso de confrontación con las AFJP y les recordó que “no están sólo
para cobrar comisiones; si no hicieron correctamente las inversiones tendrán que
recapitalizarse para asegurar lo que prometieron a sus afiliados”.
La discusión llegó a la Justicia de la mano del doctor Ricardo Monner Sans, que radicó
una denuncia penal para que los tribunales investiguen si algunos funcionarios y las AFJP
cometieron o no delitos en el manejo de los ahorros previsionales de los trabajadores. Los
exfuncionarios a los que pide citar incluyen al expresidente De la Rúa y al exministro de
Economía Domingo Cavallo, y a dos integrantes del actual gobierno, Alberto Fernández y
Juan González Gaviola. Fernández en calidad de exsuperintendente de Seguros y porque
fue “uno de los que trabajó en el proyecto de ley que creó las AFJP”. El segundo, como
diputado nacional “se opuso a la ley y logró incluir que la AFJP Nación diera una garantía
de rentabilidad real”. Consideró que ambos “podrían aportar jugosa información” sobre los
orígenes del sistema.
Monner Sans dice que “la investigación debe ser integral” para “analizar la conducta de
los funcionarios que se ‘distrajeron’, ‘silenciaron’ o ‘impusieron’ criterios a contrapié de las
normas del Código Penal” y adelantó que “se investigará la responsabilidad penal de
quienes pudieron haber dictado las normas que obligaron a las AFJP” a suscribir Letras
del Tesoro; si al hacerlo “se ha respetado que el máximo de los títulos públicos emitidos
por la Nación en los que podían invertir las AFJP es del 50% del total del activo del fondo”
y, en caso negativo, “por qué y qué actitudes han tomado los organismos de control” en
distintas épocas. El responsable del área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad, Eugenio Semino, también volvió sobre los orígenes del actual sistema. Pidió
repatriar a Cavallo para que dé explicaciones sobre el sistema de capitalización y su
funcionamiento. “Cavallo es el responsable de haber hipotecado el ingreso de los futuros
jubilados con la creación de las AFJP”.
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