La sociedad comenzaba a enterarse de los aberrantes crímenes ejecutados durante la
dictadura cívico-militar. Hubo publicaciones que fueron secuestradas o censuradas por su
decisión, tibiamente comenzaban a expresarse con retazos de verdad. Entidades de
Derechos Humanos convocan a una “Marcha por la vida”, el fin era exigir una respuesta al
reclamo por los desaparecidos. Apoyaron amplios sectores de la sociedad, a pesar de la
prohibición oficial.
Ese día Marcelo Ranea tomó una fotografía muy polémica, la que fue publicada en varios
medios “como símbolo de reconciliación o acercamiento entre las Madres de Plaza de
Mayo y las fuerzas de seguridad”. Las Madres –como era habitual, silenciadas- contaron
la historia real de la foto, donde se clarificó que la “madre” no buscaba consuelo en el
policía, sino que mientras le golpeaba el pecho le pedía ayuda indignada. Contrario sensu
a lo que Madres querían dar -como imagen confrontativa- se presentó de tal manera que
daba un mensaje falso.
Tiempo después se constató que el policía de la foto era Carlos Gallone, subcomisario de
la seccional 4ª de la policía federal e integrante de un grupo de tareas de la
superintendencia de seguridad federal que actuaba bajo las órdenes del ministro del
Interior, Harguindeguy. Gallone tenía 38 años en aquel entonces. Ese efectivo tenía un
alias: Carlitos. Estuvo procesado, posteriormente, por violaciones a los Derechos
Humanos hasta que la componedora ley de Obediencia Debida, dictada durante el
alfonsinismo, lo libró de todo cargo. Se lo relacionó también con el caso Blumberg por su
vínculo con la venta de autopartes. Tras la anulación, durante el gobierno kirchnerista de
la ley de Obediencia Debida, se halla detenido por su participación en la Masacre de
Fátima.
Retomando la “Marcha por la vida” de octubre de 1982, la misma fue realizada con
alcance nacional. En Buenos Aires la encabezaron importantes personalidades del
movimiento de Derechos Humanos, de la política, de las iglesias, del gremialismo y la
intelectualidad.
Hacia afuera la consigna cumplió en forma movilizadora, presentándose como un
movimiento de Derechos Humanos unificado, pero internamente provocó una aguda
fragmentación, pues algunos organismos quedaron en posiciones de difícil reconciliación.
Estas divergencias se manifestaron con más fuerza durante la transición hacia aquella
primera “democracia de mercado” (Alfonsín presidente). Las consignas que más
problematizaron la cuestión fueron “Juicio y castigo” y “Aparición con vida”: algunos las
vivían como consignas sin salida posible, y muchos en el movimiento de Derechos
Humanos no querían acosar al gobierno terminal de manera tan cruda. Aunque las
tibiezas y puntos medios estaban condenados al fracaso, como históricamente se
demostró.
Hipólito Solari Yrigoyen, con su experiencia de torturado en Argentina y obligado al exilio
parisino, dijo en julio del 83 “La dictadura ha pretendido engañar a nuestro pueblo
haciendo creer que las críticas que se hacen contra ella son contra el país. En el exterior
se respeta a la Argentina pero se desprecia y critica al régimen gobernante por haberse
puesto ‘al margen de la civilización’ con sus crímenes contra la humanidad, como lo
puntualizó el presidente de Italia, Sandro Pertini, al impugnar el informe sobre los
desaparecidos”.
La Marcha por la Vida marca el momento en el cual comienza a reconocerse
masivamente la memoria colectiva, que se plasmaría, en forma incompleta, en el informe
denominado Nunca Más (1984) y en el juicio a las Juntas militares (1985) –y que se
vincula fuertemente a aquello que se conoce como la “teoría de los dos demonios”-; este
período culmina con la sanción de las leyes, durante el alfonsinismo, de Punto Final
(1986) y Obediencia Debida (1987) y los indultos menemistas (1989-1990). Hasta que
llegó Néstor Kirchner –con un fuerte contenido de Democracia Popular y de Justicia
Social- para poner verdad, memoria y –sobre todo- justicia en la problemática de los
Derechos Humanos.
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