Cuatro expolicías son condenados a cadena perpetua, un militar a 12 años y otro absuelto, en delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Paco Urondo.
Escucharon la sentencia unas cien personas de pie, en silencio, con los puños apretados, con fotos de sus seres queridos en alto, amontonados detrás del Blindex que los separaba de los acusados; el juez, Juan Antonio González Macías, leyó el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoa: prisión perpetua en cárcel común para cuatro expolicías provinciales, 12 años de prisión para un militar
(imputado en uno de los casos) y absolución para un exoficial de Inteligencia. “Son
asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que
conmocionó a la sala cuando contó su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, dijo a un
periodista local. Con las sentencias, más la del coronel Alejandro Duret -expulsado de
Chile luego de tres días de vacaciones- el número de represores condenados por
crímenes durante la dictadura alcanza los 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación
de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.
El proceso lo condujo durante casi un año el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza,
declararon más de 200 testigos, segundo de la provincia. Si inició el 17 de noviembre de
2010 con diez acusados y sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el
excomisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el exoficial inspector Eduardo Smahá
Borzuk, el exsubcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el exsargento Celustiano Lucero.
El exteniente Dardo Migno recibió 12 años de cárcel, en tanto fue absuelto el teniente
coronel Paulino Furió. Quedaron fuera del juicio –pero no de la historia- el fallecido
general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el exoficial
Armando Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos por su endeble salud.
Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más
emblemático es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo,
asesinado el 17 de junio de 1976 en una emboscada que terminó con el secuestro de su
compañera Alicia Raboy y de su hija Ángela, operativo del que René Ahualli (la Turca)
logró huir pese a las heridas infringidas. También se condenó por las desapariciones de
Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael
Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Ángel Bustelo.
Eran 250 las personas que se concentraron temprano frente al tribunal mendocino. Unos
cien pudieron seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de
las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías
ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez. “Antes de dar lectura al fallo, quiero
reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el
tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, dijo el
presidente. En la sala había tres de los imputados: Furió, Smahá y Lucero.
El silencio, contenido durante la lectura, estalló en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros
desaparecidos!” “¡Presentes!”, el grito recordatorio. “Justicia es esto: condenar con
pruebas como se condenó”, elogió Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia
más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, caviló ante El Sol
online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos
conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Ángela Urondo, hija de Paco. “Hoy
están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que
haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos,
fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario